Reconstrucción tras el terremoto debe corregir vulnerabilidades que dejaron otros desastres

Revisar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, replantear el ordenamiento territorial de barrios afectados, evitar la autoconstrucción, crear mecanismos de financiación que no dependan únicamente de los municipios y reconstruir el tejido social son algunas de las lecciones que dejaron los terremotos de Popayán y Armenia y el huracán Iota en Providencia, y que deberían orientar la recuperación del país tras el terremoto del 10 de agosto.

Un mes después del sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, que afectó a 498 municipios de 16 departamentos, el desafío ya no es únicamente atender la emergencia. Las estimaciones indican que reconstruir las zonas afectadas podría tomar hasta seis años y costar cerca de 30 billones de pesos.

Según datos del Banco Mundial, el 84 % de la población y el 86 % de los activos de Colombia están expuestos a dos o más amenazas naturales; por eso, la reconstrucción vuelve a poner sobre la mesa un problema que el país ha enfrentado después de otros desastres: cómo pasar de reaccionar ante las emergencias a anticiparse a sus consecuencias.

Durante el conversatorio “Reconstrucción después del terremoto”, realizado en el marco del encuentro “Economía colombiana, reconstrucción y política fiscal”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el profesor Fernando Ospina, de la Facultad de Arquitectura, señaló que la reconstrucción no debería limitarse a recuperar lo que existía antes del terremoto.

El docente Ospina, quien hizo parte de los equipos de reconstrucción de los sismos de Popayán en 1983 y Armenia en 1999, asegura que el país aún camina lentamente hacia la prevención.

A partir de esas experiencias, considera que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto debería priorizar el mejoramiento territorial, estudiar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones averiadas y revisar el ordenamiento territorial de barrios completos afectados por el sismo.

Además, propone retomar una alternativa discutida después de los terremotos de Armenia y Popayán, como la creación de un seguro colectivo para las ciudades, especialmente porque los recursos locales pueden resultar insuficientes frente a una reconstrucción de esta magnitud.

“Sobre todo tiene en cuenta que la norma sismorresistente no llega a la periferia”, asegura.

Precisamente, la financiación es otro asunto que las experiencias anteriores dejaron sobre la mesa. Según el profesor Ospina, los municipios o ciudades afectados difícilmente pueden asumir una reconstrucción con recursos propios.

“Si Armenia se hubiera reconstruido solo con recursos locales, la reconstrucción hubiera tomado hasta 50 años”, manifestó.

En el caso del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro, una herramienta especial para canalizar y administrar los recursos destinados a atender la emergencia y avanzar en la recuperación y reconstrucción de las zonas más afectadas. También contempla mecanismos como las obras por impuestos para vincular al sector privado a la financiación de obras.

Reconstruir también el territorio y las comunidades

Según el profesor Ospina, la experiencia de Armenia dejó otra lección que no debería perderse en la reconstrucción actual, recuperar las edificaciones no es suficiente si al mismo tiempo no se recuperan las comunidades.

“También reconstruir el tejido social de las comunidades. De la experiencia de Armenia vimos que, de no haber existido un esfuerzo también para reconstruir esa área, el proceso hubiera sido más duro para las personas”, señala.

En una reconstrucción, esa dimensión social supone mirar más allá de las viviendas y la infraestructura y considerar también las relaciones y redes comunitarias que sostienen la vida cotidiana de las personas afectadas. El desplazamiento, la pérdida de espacios de encuentro o la separación de vecinos pueden alterar esas dinámicas y hacer más difícil la recuperación de una comunidad.

Para el docente, avanzar en esa dirección requiere un trabajo articulado entre instituciones, organizaciones civiles, academia y sector privado, tanto en la reconstrucción física como en la recuperación social de los territorios afectados.

La avalancha de Mocoa en 2017, el huracán de Providencia en 2020 y las inundaciones de Córdoba a inicios de 2026 muestran que Colombia ha tenido que enfrentar de manera recurrente desastres de gran magnitud. Sin embargo, las experiencias anteriores también evidencian problemas que reaparecen cuando comienza una nueva reconstrucción.

Providencia dejó lecciones para la reconstrucción actual

Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, participó en la reconstrucción de Providencia después del huracán Iota, que destruyó aproximadamente el 98 % de la infraestructura de la isla. Quien además es vicepresidente de Asobancaria y fue viceministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, considera que esa experiencia dejó aprendizajes que pueden aplicarse tras el terremoto del 10 de agosto.

Uno de ellos es aprovechar la institucionalidad que ya existe para avanzar en los proyectos de reconstrucción, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada municipio.

“Hay zonas donde no hay Plan de Ordenamiento Territorial y eso implica trabajar en situaciones de emergencia con poco”, asegura.

En ciudades como Cali, plantea que una alternativa podría ser entregar subsidios monetarios para que las personas afectadas puedan elegir dónde vivir entre los proyectos de vivienda disponibles. “Esto teniendo en cuenta que hay personas con seguros de vivienda que los pueden beneficiar para la compra de una nueva vivienda”, asegura.

El académico destaca además la importancia de contar con censos precisos que permitan establecer quiénes fueron realmente afectados y orientar las ayudas. Su experiencia en Providencia mostró que una institucionalidad sólida también ayuda a reducir el riesgo de que personas no damnificadas intenten acceder a los recursos destinados a la emergencia.

“También es importante decirle no a la autoconstrucción, porque implica el incumplimiento de la norma sismorresistente. Aunque pueda ser una solución a corto plazo, a largo plazo veremos las consecuencias”, añade.

Las experiencias de Popayán, Armenia y Providencia coinciden así en un punto: reconstruir después de un desastre no consiste únicamente en reemplazar las edificaciones destruidas. También supone corregir vulnerabilidades anteriores, ordenar mejor el territorio, garantizar recursos suficientes y recuperar las condiciones sociales de las comunidades afectadas.